Una
burbuja inmobiliaria ocurre cuando el precio de la vivienda sube mucho más que
los precios de consumo.
En España,
entre 1995 y 2007, el precio del alojamiento subió un 91 %. Pero con él se incrementaron también
las facilidades de obtener un crédito bancario con un tipo de interés muy bajo,
alentando personas en pedir dinero prestado, para comprar una de las muchas
casas que se construyen en todas partes.
Para
comprar una vivienda, los españoles contrajeron una deuda de unos 651 168 000
000 euros. De hecho, los bancos prestaron
dinero a gente con recursos financieros bajos pensando que como el precio de la
vivienda no paraba de subir, sólo bastaría con venderla en caso de insolvencia.
Dado la
subida continua de los precios de la vivienda, hay gente que aprovecha para hacer
dinero fácil, se llama especulación inmobiliaria
Durante
estos años se construyeron muchas viviendas, hasta tal punto que ahora se
estima el número de casas vacías a un 28 %. En España un 80 % de las familias
son propietarias; el promedio europeo se sitúa a un 62 %.
Esta
situación viene del hecho de que los bancos españoles hacían préstamos de
dinero con un plazo que podía llegar a 50 años y el tipo de interés Euribor era
muy bajo.
A eso
se añade que la fiscalía española favorece más la compraventa que el alquiler…
Desde
2009, entró en vigor el llamado desahucio express contra la gente en situación
de morosidad y cuando estas personas están desahuciadas y ya no poseen la
vivienda porque ha sido subastada y vendida, tienen que seguir pagando la
hipoteca al banco. No obstante, tienen una prioridad para comprar su propia
vivienda, con un descuento de 50 %.
En
otros países europeos, cuando devuelves tu casa al banco (dación en pago) la deuda queda cancelada.
Sin
embargo, en el primer trimestre de 2011, se llevaron a cabo 15 491 desahucios y
en noviembre 2012, el tribunal de justicia de la Unión Europea
considera que la ley de los desahucios no respeta una directiva europea por
permitir cláusulas abusivas en los contratos de préstamos.
Se
habla de cambiar esta ley, después de acontecimientos como el suicidio de
desahuciados y críticas por parte de decanos y otros.